Figuras con conocidos historiales de fraude, que hoy ostentan eminentes cargos en el Estado, realmente no representan la voluntad general; a lo sumo representan las ansias corruptas de un cínico grupo que quiere acabar con la nación colombiana, buscando su propio beneficio. A eso le juegan los que quieren acallar hoy las manifestaciones populares, que pisotean los derechos humanos y pretenden erigirse en adalides de la democracia mientras socavan sus cimientos. Aunque los anhelos de las mayorías encontrarán siempre su vía de expresión y aquellos que hoy, a pesar de su prontuario delictivo, acallan y exigen el cumplimiento de la ley serán aplastados por el peso acumulado de sus reprochables acciones.
Recuperado de https://youtu.be/etLLi4IRuQ0
"Las representaciones estudiantiles llamamos la atención sobre la crisis en la que se encuentra la educación superior y en especial la Universidad Nacional de Colombia. A pesar del déficit de las Universidades públicas de $16 billones de pesos[1] recibimos en una década 21.596 estudiantes posgraduales más en las universidades públicas, lo que implica el 131% de incremento de la matrícula[2] en este nivel. Esto con grandes deficiencias en infraestructura, plantas docentes congeladas y recursos para la investigación paupérrimos, luego, es claro que la crisis también la pagamos los posgrados.
En el caso de la Universidad Nacional esto se demuestra en la modificación realizada al calendario académico a través del memorando 038-16 del 23 de mayo del 2016 de la Secretaría de sede de Bogotá en donde se unifica el pago de los derechos académicos y administrativos para el semestre 2016-2. Lo que significa que el mes con el que contábamos previamente los estudiantes para lograr reunir el costo de la matrícula ahora no será una posibilidad lo que claramente, aumentará los niveles de deserción y endeudamiento inminente de muchos estudiantes. Generar un cobro único de matrícula, se realiza bajo una falsa idea con la desidia de parte de la administración para los estudiantes posgraduales.
Erróneamente se cree que los estudiantes de los 334 programas de posgrados que tiene la Universidad, tenemos empleo e ingresos altos a pesar de que el 53% de los estudiantes de educación superior pertenecemos al estrato 2 y 3. Sin contar con las condiciones de estabilidad ya que el 67% de los jóvenes trabajadores no tienen contrato o no permanecen más de 14 meses en un empleo y el 53% gana menos de un salario mínimo mensual para pagar matrículas que superan en muchas ocasiones los $5.000.000 [3]. Falsa idea sustentada en la desidia con los estudiantes de este nivel de educación[4] como lo admite la administración, al no tener ninguna información sobre las condiciones socioeconómicas de los estudiantes posgraduales.
Los posgrados son los niveles de mayor cualificación en la Universidad Nacional como lo comprueban los resultados académicos de la investigación científica, tecnológica, artística y cultural que desde estos se producen, sin embargo, se desdibuja su papel convirtiéndolos en el mecanismo de paliar la crisis financiera vía matrículas, siendo ésta producto de la política educativa del Gobierno de Santos. Por esta razón invitamos a los estudiantes de posgrados a tomar una actitud crítica y de organización por lo tanto convocamos la asistencias de los estudiantes de posgrados a una reunión por Google Hangouts que se convocará por este medio próximamente, todo en torno a la defensa del derecho fundamental a la educación superior en todos sus niveles.
[1] Tomado de: http://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-educaci-n/historia/colombia-no-es-la-m-s-educada-54787
[2] Informe del Sistema Universitario Estatal Colombiano, 2015.
[3] Cifras tomadas del informe de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar al 2015.
[4] Al solicitar mediante un derecho de petición la información la administración respondió que tenía datos de los estudiantes de posgrados, a continuación se cita la respuesta “dado que en el caso de los estudiantes de posgrados esta información no se reporta en el Sistema de Información Académica de la Universidad”.
Sara Abril
Representante Estudiantil ante el Consejo Superior
Universidad Nacional de Colombia
Karoll Piza
Representante Estudiantil ante el Consejo Académico Posgrados
Universidad Nacional de Colombia
Liliana Castañeda
Representante Estudiantil ante el Consejo Académico Posgrados
Universidad Nacional de Colombia
Amira Rodríguez
Representante Estudiantil ante el Consejo de Sede Bogotá Posgrados
Universidad Nacional de Colombia"
En memoria de Humberto Peña Taylor (1967-1995), siglo XXI, Tierra del Olvido... Vida y muerte de un rebelde
La violencia de los años sin cuenta... en memoria de todos los estudiantes masacrados y asesinados ayer y hoy.
Presentar las matrículas del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) como indicadores de acceso a 'educación superior' muestra de forma inequívoca la hipocresía y la manipulación descarada de los politiqueros pseudoestadistas.
Mientras algunos ponen el grito en el cielo anunciando la falta de papel higiénico en otras latitudes, en nuestras universidades públicas colombianas no hay papel, no hay jabón, no hay máquinas para beber agua, no hay... no hay...
El anquilosamiento de los grandes medios frente a los nuevos movimientos sociales surgidos durante los últimos años es aterrador. Si no fuera por la existencia de medios alternativos, potencializados por la Internet, esos movimientos seguirían condenados al ostracismo acostumbrado de medios de incomunicación y desinformación como RCN y CARACOL.
Hoy día (y ayer también) esos medios le hacen (y le han hecho) el juego al estado y a las grandes multinacionales, dándole la espalda a la inmensa mayoría de los colombianos y sus intereses. Es decir, tenemos una comunicación puesta al servicio de grupos de poder, una comunicación oligopólica, y no algo cercano a la comunicación social, a la comunicación ciudadana, que responda al poder primario de una democracia, emanado del pueblo.
Es claro que el mantenimiento del orden público es una de las responsabilidades inherentes de la administración pública. Y los medios participan de esta responsabilidad de manera subsidiaria. Por eso, informar sobre los movimientos y las protestas sociales demanda una perspectiva diferenciada sobre la manera en que ellos se desarrollan.
No cabe a los medios, por ejemplo, suplir el papel de fiscales y jueces en materia de información. No se trata simplemente de aparatos e infraestructuras que deban estar supeditados a las fuentes estatales, militares, policiales, empresariales, industriales, gubernamentales, etc. La imparcialidad y la objetividad, como principios, exigen, más bien, una responsabilidad enorme a la hora de ilustrar los acontecimientos.
Difundir actos de violencia, enfrentamiento, judicialización, crimen, entre otras materias preferidas por los grandes medios, sin los antecedentes y el contexto adecuados para el conocimiento ciudadano, representa un peligro para la sociedad actual y el orden público mismo.
El espectro electromagnético es un bien común, administrado por el estado y explotado por diversas empresas mediáticas. De allí se deriva la función social que estas deben respetar y acatar, no menoscabar y despreciar.
Y a eso están llamados los medios para no convertirse ellos mismos en agentes de una violencia simbólica que aviva también el conflicto social. A ser mediadores más que partes de los acontecimientos. Ese enorme vacío, que se ha ido ampliando con el paso del tiempo y el poder de las grandes corporaciones, es el que hoy estamos llamados a llenar con los diversos materiales que vienen circulando en la comunicación mediada por computadores, para denunciar la injusticia y el abuso de aquellos mismos que se vanaglorian por haber sido elegidos por el pueblo al que hoy agobian.
En vez de ayudar a campesinos, estudiantes, trabajadores, comuneros y la diversa y rica gama de personas comprometidas con un futuro mejor para nuestro país, los (des) gobiernos traicionan a sus propios compañeros de tierra, de patria.
Es reproducido aquí este interesante artículo de El Espectador, por los datos que aporta sobre la situación crítica por la que atraviesa la educación superior en Colombia. Una universidad desfinanciada, dejada a su suerte por rectores que le han jugado a los gobiernos de turno, perdiendo décadas valiosas para consolidar un desarrollo científico, técnico y tecnológico que bien merece nuestro país y nuestra región.
Una lástima que después de más de veinte años la educación superior continúe sumida en el oprobio por la ceguera de las diversos gobiernos que son incapaces de pensar en la grandeza de una universidad que apalanque un mejor futuro para los colombianos. Por eso, como se ha defendido en este blog, queremos 10% del PIB para la educación superior pública ya! Eso es lo mínimo que podemos pedir para tratar de contrarrestar esas décadas perdidas.
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Es mejor perder un semestre en la universidad pública y no la universidad pública en un semestre (léase legislatura).
"10% do PIB para Educação Pública já!" es la campaña que actualmente realizan estudiantes de las universidades públicas en Brasil. Se trata de un buen ejemplo a seguir puesto que están buscando mayores recursos para la educación pública en todos sus niveles. Fundamentalmente ellos se preguntan: "¿Como formar profesionales y producir conocimiento para atender las necesidades de la población si el recurso público invertido no es ampliado?"
Un reclamo justo, sabiendo que en Brasil también están de moda las exenciones fiscales para grupos empresariales, las cuales en 2010 alcanzaron la cifra de 144 billones de reais (casi como 150 billones de pesos) y el porcetaje del PIB destinado para la educación este año no va a llegar a 3%.
Blog de la campaña: 10% do PIB para Educação Pública já!
¿Se trata realmente de un intento de "reforma educativa" o una mera bazofia redactada por burócratas de cuarta? ¿Puede llamársele reforma a algo que es un panegírico de las maneras de comportamiento y salud recomendadas por el Tío Sam? ¿Será que una reforma que busca seguir desfinanciando la educación colombiana podría servir para nuestro futuro común? ¿Está representada la diversidad y complejidad de cuestiones relacionadas con la educación colombiana, en un proyecto que parece un placebo frente a la magnitud de los problemas históricos de la educación superior en el país?
¿El ánimo de lucro para una actividad esencial al desarrollo social, económico, cultural, etc. es un argumento que respeta la democracia? ¿Puede alguien sensato pensar en la educación meramente como un servicio sujeto a la demanda y la oferta del mercado, máxime en países de tantas desigualdades económicas y sociales como el nuestro? ¿No es tal vez esta la oportunidad para discutir de veras y con toda la participación posible la educación que todos estamos necesitando?
¿No es permitido acaso ya en nuestro país que sean creadas universidades y toda suerte de centros de educación superior privados generadores de lucros para sus dueños? ¿Será que precisan ahora tomar la infraestructura pública para no tener que hacer inversiones en la construcción de esos nuevos centros para el lucro privado? ¿No es esto un oportunismo intolerable? ¿Es de esa manera que funcionan las cosas en el estado colombiano, que se dice social de derecho? ¿Será que con una reforma de mala calaña podrán remediarse las inequidades y estigmas existentes para quienes no puede acceder a los escasísimos cupos que ofrece la educación superior pública colombiana?
¿Por qué habríamos de aceptar semejante basilisco que está atrofiando nuestra visión de futuro?
¿No será mejor manifestarnos combinando diversas formas de presión para que se haga sentir nuestra voluntad general de tener una educación libre, gratuita y de calidad, que pueda asegurar nuestro bienestar común y no el bienestar privado? ¿Seguiremos pasivos ante ese anhelo popular que se viene sintiendo también en Chile desde hace ya seis meses?
Para quienes esperaban por la publicación de este documental, finalmente debo publicarlo en su primera versión renderizada en un formato de baja resolución. Fue lo único que quedó luego de la destrucción del disco duro donde tenía los archivos originales de edición.
Imágenes de la Plaza Che Guevara y sus alrededores en el campus de la Universidad Nacional en Bogotá. Los destellos de un fuerte sol acompañan este pequeño travelling.
Hoy, cuando se realiza la primera audiencia en juzgado de Barranquilla, por el proceso de exterminio de la comunidad académica colombiana, en este caso del profesor Freytter de la Universidad del Atlántico, se reproduce aquí el informe en memoria del catedrático asesinado por la unidad antisecuestro del Ejército Nacional y los paramilitares y encontrado en la vía a Ciénaga, Magdalena. Estas conclusiones son aportadas en este proceso por el colectivo de abogados que lleva el caso. Es una pena que tan horrendo crimen hasta ahora se esté aclarando. Esta desprotección de la organización y la lideranza educativa superior ha sido así un factor de atraso para nuestro país en estos últimos tiempos.
"En memoria de Jorge Freytter Romero*
La impunidad es ausencia de castigo a los responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad, impunidad que es querida por los victimarios y por quienes apoyan estos crímenes, como es sabido los derechos humanos son un mecanismo de contención frente al ejercicio arbitrario del poder, normalmente las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos se cometen en escenarios propicios a la impunidad, son delitos cometidos por gobernantes, autoridades civiles y/o militares que en ejercicio criminal del poder se traducen en torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, genocidio y otras demasías contra población civil inerme, son sofisticados y bárbaros mecanismos de represión que tienen anticipadamente garantizada la impunidad.
Otra forma de violencia estatal son los crímenes cometidos directamente por la fuerza pública por agentes estatales y que se conoce en el derecho internacional como EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, es decir se trata de homicidios que se cometen contra civiles sin que medie un juicio, las ejecuciones judiciales son las que realiza Estados Unidos o Guatemala en este continente que son el resultado de procesos judiciales muy cuestionados, pero más cuestionadas aun son las EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES que se cometen en Colombia por estos agentes estatales sean de la policía, del ejercito, de la armada, del DAS e incluso cabrían los homicidios cometidos por particulares con la anuencia y apoyo de las autoridades.
En una reciente investigación realizada por las organizaciones de derechos humanos que pertenecen a la COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS puso de presente que en Colombia solamente en el periodo de junio de 2006 a junio de 2007 se cometieron por lo menos 520 asesinatos de personas civiles que se atribuyeron a responsabilidad del Estado: por perpetración directa el 287 víctimas; y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares 233 víctimas. El informe afirma: a esas muertes se suma lo registrado durante los cuatro años precedentes (julio de 2002 a junio de 2006), se tiene que, en total, durante el tiempo de implementación de la política de “seguridad democrática”, 1.190 personas perdieron la vida a causa de la acción directa de los agentes estatales (235 por desaparición forzada y 955 por ejecuciones extrajudiciales).
Como abogados de la familia podemos certificar que el ASESINATO DE PROFESOR JORGE FREYTER ROMERO se realizo por FUNCIONARIOS DEL GAULA EN CONNIVENCIA CON PARAMILITARES, SE TRATA POR TANTO DE UNA EJECUCION EXTRAJUDICIAL.
El señor Jorge Adolfo Freytter Romero, profesor de la Universidad del Atlántico y abogado del sindicato Asojua –Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico-, el día 28 de agosto del 2001, fue abordado por una camioneta Toyota Color rojo con vidrios polarizados de placas AXK 646, en momentos que se dirigía a su casa en la ciudad de Barranquilla, fue la última vez que se le vio con vida.
Al siguiente día en el kilómetro 12 en la vía que conduce a Ciénaga (Magdalena), fue encontrado su cuerpo sin vida, con su camisa, sin su documentación y con fuerte señales de tortura. Una semana antes, había sido detenido en las afueras de la alcaldía de la ciudad de Barranquilla por varios sujetos que se identificaron como miembros de la SIJIN (Policía secreta), señalándole que lo detenían por una supuesta demanda de alimentos, estuvo detenido casi todo el día en la estación de la SIJIN y fue dejado posteriormente en libertad al comprobarse la falta de seriedad de las acusaciones. Jueves 9 de julio de 2009, a juicio llamó la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, al soldado profesional Albeiro de Jesús García Rendón, alias el “Iguano” y el agente de la Policía Nacional adscritos al GAULA Regional Barranquilla, Rafael Mariano Silvera, por su responsabilidad en el asesinato del profesor Jorge Adolfo Freyter Romero.
La determinación de la Fiscalía se basó principalmente en la confesión de otro de los paramilitares involucrados en el asesinato, Carlos Arturo Romero Cuartas, alias Montería, miembro del Bloque Norte, que delinquía en Barranquilla, quien también fuera condenado a 18 años de prisión a comienzos de este año, por su responsabilidad en el homicidio del Profesor JORGE FREYTTER.
Según “Montería”, “En este episodio criminal participaron miembros de la AUC en asocio con algunos miembros del Gaula de la Policía de Barranquilla, como lo era Rafael Enrique Mariano Silvera y algunos del Ejército Nacional, entre ellos Albeiro de Jesús García Rendón, a quien reconocían al interior del grupo de las AUC, con el alias de Iguano”
Así mismo confirmó que Freytter fue asfixiado con una bolsa, ya que según él mismo, existía un acuerdo entre los miembros del Gaula y Autodefensas que delinquían en Barranquilla, que consistía en que los operativos en que ellos participaran las personas tenían que ser ejecutadas, porque se corría el riesgo que después los reconocieran. Lo que mostraba un aparato organizado para cometer crímenes en esta ciudad con miembros del GAULA y los paramilitares.
El asesinato entonces fue cometido directamente por Oscar Orlando Ortiz alias “Moncho” jefe paramilitar del frente José Pablo Díaz, en colaboración con el teniente Flover Argeny Torres Sánchez y Julio Cesar Pacheco Bolívar alias “La Chacha”, ambos del Gaula, luego que el mismo “Moncho” y Gabriel Ángel Berrio Parra alias “Chuqui” capturaran al profesor. El paramilitar MONTERIA afirma que el móvil del asesinato del Profesor FREYTTER se da por cuanto lo confundieron con un comandante de las FARC que operaba en esta región.
A los funcionarios del Estado, se les dicto resolución de acusación como presuntos coautores responsables de secuestro extorsivo agravado en concurso heterogéneo con homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. No obstante, tanto el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, representante de los familiares de la víctima, como éstos mismos, esperan que durante el juicio se les formulen cargos también por tortura, ya que las evidencias y las declaraciones obtenidas confirman la forma en que luego de permanecer retenido en unas bodegas, fue asesinado. “Sobre la víctima se infringieron torturas de orden física, utilizando para tal fin la bolsa, elemento no ortodoxo, que no deja huella y es ideal para obtener el resultado esperado, se mantuvo esposado todo el tiempo atado a un tubo, en un lugar que por sus condiciones estructurales les permitía golpear y torturar sin que nadie se diera cuenta”
Es así como se ratificó que “existía un acuerdo entre los miembros del Gaula de Barranquilla para que los miembros de las AUC les colaboraban con los positivos y éstos a su vez les facilitaran su paso por las carreteras y demás fechorías”
Lo que agrava más el asesinato de líderes sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos, ya que precisamente los involucrados en estos actos, “son miembros de la fuerza pública que se podían o pueden desplazarse sin ningún problema por la ciudad, para aparentar una captura o para arreglar cualquier situación en caso de tener incidentes en el camino”. Este homicidio se suma a una serie de crímenes que se vienen cometiendo contra miembros de la comunidad académica de la Universidad del Atlántico (en adelante, la universidad), que han manifestado ser opositores de sus últimas administraciones y que se caracterizaron por denunciar irregularidades y situaciones de corrupción al interior de esta institución educativa.
Engrosan esta lista, los homicidios de RAÚL PEÑA ROBLES, profesor asesinado el 30 de diciembre de 1998; LUÍS MIGUEL MEZA ALMANZA, líder estudiantil asesinado el 26 de agosto de 2000; ALFREDO MARTÍN CASTRO HAYDAR, profesor asesinado el 5 de octubre de 2000; LISANDRO VARGAS ZAPATA, profesor y vicerrector de la universidad asesinado el 24 de febrero de 2001; JAIRO DEL CARMEN PUELLO POLO, estudiante y miembro de Prociudadela, agremiación que vela por los intereses del complejo universitario, asesinado el 3 de mayo de 2001, y, dentro de la investigación que hoy nos ocupa, el homicidio de JORGE ADOLFO FREYTTER ROMERO.
El juicio se iniciara en los próximos días en el Juzgado Especializado de Barranquilla se espera que la comunidad universitaria y los sectores sociales de la javascript:void(0)ciudad acompañen a los miembros de la familia en este juicio contra los autores materiales de los crímenes y que se siga haciendo presión para que se vinculen a los máximos responsables de este crimen."
Después de 9 años se llevará a cabo la audiencia por este crimen los días de hoy y mañana, en el Centro Cívico Barranquilla, Juzgado Único Especializado.
*Tomado de Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. En línea: http://www.colectivodeabogados.org/En-memoria-de-Jorge-Freytter.
Véase también: http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso148372-revelaciones-del-crimen-de-jorge-adolfo-freytter
Imágenes de la Plaza Che Guevara y sus alrededores en el campus de la Universidad Nacional en Bogotá. Los destellos de un fuerte sol acompañan este travelling hecho en la semana que termina.
politik need force politik need cries
politik need ignorance politik need lies
Manú Chao
Mientras los presupuestos para la guerra sigan creciendo en nuestros países es claro que la educación superior va a verse afectada en uno de sus sectores más críticos: el financiero. Y tal como lo ha dicho el señor rector de la universidad "por más de 16 años las universidades mantienen su presupuesto congelado de forma que (para la Universidad Nacional, por ejemplo) en el año 2010 el aporte de la Nación para funcionamiento solo cubrirá gastos de personal y en los próximos años ni siquiera eso."* De suerte que rellenar esos huecos faltantes en el presupuesto institucional significa el deterioro en el carácter público de la misma. Y lo peor de todo es que, según el citado rector, en el presupuesto para el próximo año no existe la compensación financiera prometida por el presidente a los rectores del Sistema Universitario Estatal, hace casi un año atrás. Una situación que vaticina un oscuro panorama para la educación pública, frente al atraso histórico a que ha sido sometida por el Estado colombiano.
Esta realidad espetada por toda clase de autoridades académicas desde mucho tiempo atrás forma parte del terrible estado en que se halla la educación, la ciencia y la tecnología en el país. Basta solo caminar por alamedas y pasillos de la Universidad Nacional en Bogotá para darse cuenta de que una gran cantidad de estudiantes están en los más duros aprietos económicos para sacar sus estudios adelante. Snacks, gaseosas, galletas, brownies, empanadas, pasteles, jugos, bombones, chicles, agua, música, películas, collares, aretes, cigarrillos, llamadas telefónicas, frutas, sanduches, entre una infinidad de productos y servicios que hoy en día ofrecen dichos estudiantes en el campus. Esta situación, que viene incrementándose desde hace algunos años atrás, también revela la ineficacia de oficinas como la de Bienestar Universitario, la cual, más bien, con su negligencia, contribuye con el malestar que está viviendo en esta hora toda la comunidad académica, de la única universidad estatal que es patrimonio de toda la nación colombiana.
Toda esta coyuntura educativa y social desembocaría infelizmente en la presión ejercida por una parte de la comunidad universitaria contra el señor rector el día de ayer, para que se hiciera presente en el auditorio León de Greiff, con el fin de explicar la situación presupuestal ante los diversos estamentos universitarios. Pero la cosa pasó a más cuando, luego de controlada la situación de presión contra el directivo, la policía irrumpió en el campus, llegando hasta la plaza Che Guevara, donde lanzaron gases pimienta contra los presentes en los alrededores y capturaron algunas personas que corrían despavoridas ante los armados. Según la agencia universitaria de noticias “miembros de la fuerza pública irrumpieron en el campus para controlar a algunos de los manifestantes que permanecían todavía reunidos.” ¿Manifestantes reunidos? ¿Dónde? La tal manifestación fue algo más bien momentáneo y no organizado como lo quieren hacer ver los medios y las autoridades. Tomar el todo por la parte para justificar la utilización de la fuerza represiva no es el mejor camino para la democracia, antes bien es su debacle.
El triste destino de quienes estudiamos en las universidades públicas (triste, como lo diría el mismo rector) no puede solucionarse meramente con un decreto o alguna resolución administrativa; mucho menos por la fuerza. Esta una situación que afecta el futuro y la seguridad nacionales. En este orden de ideas no puede pedirse que tal manifestación dentro del campus sea vista como un acto terrorista. Dada la trascendencia la temática presupuestal no es entendible que la actual administración no haya informado de manera clara y oportuna sobre estos faltantes presupuestales, máxime cuando estamos a casi dos meses del término de esta vigencia y la financiación gubernamental nacional sigue en veremos.
La educación, la ciencia y la tecnología son también temas de seguridad nacional como lo son otros relativos a la defensa. Pero debilitar los primeros sectores, en beneficio de los segundos, constituye un tránsito paulatino hacia la dependencia y por lo tanto hacia la pérdida de autonomía, soberanía y ciudadanía. Estos temas no pueden verse en blanco y negro. La cantidad de matices que evidencia la actual problemática devela los desaciertos de varias administraciones para el manejo del tema educativo.
Basta poner el ejemplo de un foro departamental de educación a realizarse en el corregimiento de La Chorrera, Amazonas, en agosto de 2008. A éste no asistieron ni los delegados del Ministerio de Educación Nacional, ni los de la Secretaria de Educación Departamental de Amazonas, dejando a la comunidad al borde de la anomia por el desprecio mismo de la administración estatal para la planificación participativa en educación étnica. Por no hablar aquí también de las fallas estructurales en un sistema que no ofrece oportunidades a la mayoría de bachilleres que hoy en día están saliendo de los miles de colegios ubicados a lo largo y ancho del país.
Finalmente, la situación de la educación pública superior sigue aquel mismo rezago. Cada día los programas de bienestar universitario se ven reducidos por las presiones presupuestales, mientras son esperadas y recibidas algunas donaciones para el mejoramiento de la infraestructura, pues el recorte estatal a las finanzas del sistema universitario viene siendo exponencial. Mientras los policías motorizados entran al campus con fusiles y lanza gases, en contubernio con la seguridad de la misma universidad, para dispersar a quienes con la palabra y el diálogo hemos venido elaborando otras alternativas pacíficas en medio de esta confusión.
Fundamentar el poder en la ignorancia y las lágrimas del otro no es una política de bienestar social y mucho menos de fomento a áreas tan vitales para el avance de los colombianos, de cara al siglo XXI. Postergar los reclamos frente al injusto e inequitativo sistema público de educación es una afrenta para la juventud y la niñez, especialmente para quienes están entre esos casi 20 millones de colombianos que actualmente viven en la pobreza. Esos colombianos que hoy en día están en los pasillos de las universidades públicas ofreciendo sus productos o sus servicios, con el sueño azaroso de algún día poder trabajar dignamente o, al menos, terminar sus estudios, ya que el sistema mismo procura hacerlos a un lado, en un intento por homogenizar y esclavizar el pensamiento y la acción.
Es claro que la sociedad nacional necesita de su universidad nacional pública y para el beneficio de quienes de otra manera no podrían ver concretado su derecho a la educación superior. Pensar de otra manera sería hacerlo desde el individualismo, a sabiendas de que la organización social es la única que puede encargarse de estos asuntos colectivos. De aquí también que sea necesario conservar el espacio del diálogo como única vía para superar la actual coyuntura. De otra manera sería continuar en el salvajismo político –el cual practica los vicios más prominentes de la organización artesanal, tal como el personalismo- y el fomento de la anomia social. En consecuencia, esto no es una cuestión de subsidios para dar a dos, tres o quince amigos, sino que se trata del futuro de millones de colombianos que apuestan por un mejor mañana para sus hijos, el cual aún no se ve hoy asegurado.
*La universidad pública, en peligro. Por Moisés Wasserman En: http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-201648.html, accesado el 17 de octubre de 2009.
El tiempo de la prosperidad a debe desemboca en la turbulencia económica y social de finales de los años 1920s. Por esto las manifestaciones de 1929 en contra de la masacre de las bananeras y el nombramiento del General Cortés Vargas en la comandancia de la policía capitalina serían reprimidas por la guardia presidencial. Estos cuerpos asesinarían el día 8 de junio de ese año a Gonzalo Bravo Pérez, estudiante de leyes de la Universidad Nacional de Colombia, y quien participaba aquel día en las jornadas estudiantiles.
Lamentable situación que también volvería a repetirse en la “Atenas Suramericana” en los días de junio de 1954, sólo 25 años después. Aquel 8 las balas eliminarían a Uriel Gutiérrez. Al día siguiente serían también ejecutados entre otros Álvaro Gutiérrez, Elmo Gómez Lucich, Hernando Morales, Rafael Chaves Matallana, Jaime Moure Ramírez, Hernando Ospina López, Hugo León Vásquez y Jaime Pacheco. Entonces se llegó hasta el extremo de nombrar un coronel como rector del alma máter.
Hechos descabellados que señalan la violencia histórica contra los sueños estudiantiles y la libertad de investigación y de cátedra. Contra el proceso de construir un mejor sistema educativo superior enfocado hacia una nueva era de información, participación y conocimiento. La concentración del espíritu mezquino en el uso de la fuerza ha sido la talanquera para este avance científico, educativo y mental, mientras se distrae tales situaciones con el manto que crean los propios criminales con sus falsas banderas.
En la oscura lucha contra el olvido la luz de estos estudiantes brilla como el astro rey en el día más largo del solsticio. Por eso hoy este réquiem para no olvidar aquella infamia. La de la oposición de la fuerza contra la razón y el conocimiento. La del desprecio de la naturaleza y la cultura.
Hoy, 80 años después, el sol sigue siendo testigo de esta barbarie contra el prójimo a través de la fuerza y la violencia. Las noticias de Perú comunican por estos días la muerte de varias decenas de indígenas de la selva amazónica, con las armas que el pueblo ha otorgado a las instituciones para su defensa. Armas que hoy se han vuelto contra el hermano para desconocer el hambre y opacar el mañana de estos pueblos originarios –y por extensión de los pueblos suramericanos.
El ultraje sigue al orden del día. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia histórica. La educación superior colombiana sigue tan vilipendiada como en aquellos tiempos, siendo relegada además a los últimos lugares del sostén público.
