Medios de (in)comunicación y (des)información en Colombia

El anquilosamiento de los grandes medios frente a los nuevos movimientos sociales surgidos durante los últimos años es aterrador. Si no fuera por la existencia de medios alternativos, potencializados por la Internet, esos movimientos seguirían condenados al ostracismo acostumbrado de medios de incomunicación y desinformación como RCN y CARACOL.

Hoy día (y ayer también) esos medios le hacen (y le han hecho) el juego al estado y a las grandes multinacionales, dándole la espalda a la inmensa mayoría de los colombianos y sus intereses. Es decir, tenemos una comunicación puesta al servicio de grupos de poder, una comunicación oligopólica, y no algo cercano a la comunicación social, a la comunicación ciudadana, que responda al poder primario de una democracia, emanado del pueblo.

Es claro que el mantenimiento del orden público es una de las responsabilidades inherentes de la administración pública. Y los medios participan de esta responsabilidad de manera subsidiaria. Por eso, informar sobre los movimientos y las protestas sociales demanda una perspectiva diferenciada sobre la manera en que ellos se desarrollan.

No cabe a los medios, por ejemplo, suplir el papel de fiscales y jueces en materia de información. No se trata simplemente de aparatos e infraestructuras que deban estar supeditados a las fuentes estatales, militares, policiales, empresariales, industriales, gubernamentales, etc. La imparcialidad y la objetividad, como principios, exigen, más bien, una responsabilidad enorme a la hora de ilustrar los acontecimientos.

Difundir actos de violencia, enfrentamiento, judicialización, crimen, entre otras materias preferidas por los grandes medios, sin los antecedentes y el contexto adecuados para el conocimiento ciudadano, representa un peligro para la sociedad actual y el orden público mismo.

El espectro electromagnético es un bien común, administrado por el estado y explotado por diversas empresas mediáticas. De allí se deriva la función social que estas deben respetar y acatar, no menoscabar y despreciar.

Y a eso están llamados los medios para no convertirse ellos mismos en agentes de una violencia simbólica que aviva también el conflicto social. A ser mediadores más que partes de los acontecimientos. Ese enorme vacío, que se ha ido ampliando con el paso del tiempo y el poder de las grandes corporaciones, es el que hoy estamos llamados a llenar con los diversos materiales que vienen circulando en la comunicación mediada por computadores, para denunciar la injusticia y el abuso de aquellos mismos que se vanaglorian por haber sido elegidos por el pueblo al que hoy agobian.

La tristeza de nuestra economía

En vez de ayudar a campesinos, estudiantes, trabajadores, comuneros y la diversa y rica gama de personas comprometidas con un futuro mejor para nuestro país, los (des) gobiernos traicionan a sus propios compañeros de tierra, de patria.

Universidad en el siglo XXI con fondos del XX y dirigentes del XIX

Es reproducido aquí este interesante artículo de El Espectador, por los datos que aporta sobre la situación crítica por la que atraviesa la educación superior en Colombia. Una universidad desfinanciada, dejada a su suerte por rectores que le han jugado a los gobiernos de turno, perdiendo décadas valiosas para consolidar un desarrollo científico, técnico y tecnológico que bien merece nuestro país y nuestra región.

Una lástima que después de más de veinte años la educación superior continúe sumida en el oprobio por la ceguera de las diversos gobiernos que son incapaces de pensar en la grandeza de una universidad que apalanque un mejor futuro para los colombianos. Por eso, como se ha defendido en este blog, queremos 10% del PIB para la educación superior pública ya! Eso es lo mínimo que podemos pedir para tratar de contrarrestar esas décadas perdidas.
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Informe de la SUE asegura que faltan $9,8 billones para infraestructura

'En otro siglo' por falta de fondos

Los recursos que el Gobierno gira a las 32 universidades públicas son los mismos de hace 20 años. Se necesitan $11,2 billones anuales más en el presupuesto.

A pesar de que las condiciones de la educación han cambiado en los últimos 20 años, “la universidad actual es idéntica a la de los años 90”, dice el informe ‘Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia’, elaborado por el SUE (Sistema Universitario Estatal) y entregado recientemente al Gobierno, que prometió analizarlo. 

El documento revela que las 32 universidades públicas del país necesitan $1,3 billones más en su presupuesto anual y $9,8 billones para invertir en infraestructura, tecnología e investigación. Es decir, para que los establecimientos puedan sostenerse con los requerimientos actuales (aumento en el número de estudiantes, plantas modernas, internacionalización y más y mejores docentes) demandan un total de $11,2 billones anuales. 

 De acuerdo al informe, los recursos que el gobierno gira a las universidades desde 1993 se destinan sobre la base de conservar el valor del dinero en el tiempo, omitiendo el hecho de que los costos derivados de la evolución de las universidades crecen; como si las instituciones siguieran “con igual número de estudiantes, de programas académicos, de docentes y funcionarios administrativos”. 

“Este panorama comprueba que es innegable la necesidad de recursos por parte de las universidades y la intervención urgente por parte del Gobierno, que permita soportar el crecimiento de las instituciones estatales y su permanente transformación para atender las demandas en temas educativos”, afirmó Luis Enrique Arango, presidente del SUE. 

La evolución del sistema es evidente: en 1993 la matrícula de las 32 universidades estatales en programas de pregrado fue de 159.218 estudiantes, mientras que para el año 2011, alcanzó los 529.487 estudiantes, lo que significa un incremento de más del 200%. Durante el mismo periodo, las instituciones incrementaron el número de profesores de doctorado, utilizando fondos asumidos por ellos, sin recibir aportes adicionales del presupuesto nacional: de 835 docentes pasaron a 25.449. 

En seguridad física, los requerimientos de las universidades fueron cuantificados en $235.961 millones, de los cuales faltan $184.183 millones para poder tener las condiciones adecuadas. 

Asimismo, “un incremento progresivo en los gastos de personal como consecuencia de una mayor cualificación de la planta docente, por el aumento en los puntos salariales, al igual que el crecimiento en los gastos de contratación de profesores ocasionales”, reza el informe, aumentan los gastos de las universidades.  

Con este panorama, las universidades públicas piden una reforma a la ley 30 que permita un mayor presupuesto para la educación superior: por eso el año pasado solicitaron $240.000 millones adicionales, pero sólo se lograron asegurar $100.000 millones dentro del presupuesto del año 2013, “un monto a todas luces insuficiente”, dice el documento. 

Jairo Rivera, secretario general de la FEU (Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia), dice que el análisis que hizo el SUE significa que “la situación de la educación pública es tan grave que ya no solo hay problemas de antaño, como los administrativos, sino que existen problemas de infraestructura que afectan la calidad académica”. 

“Es hora de que el Estado y la sociedad atiendan las demandas de sus universidades, para que puedan seguir avanzando en los términos que la realidad reclama, y esto significa financiación adecuada”, concluye el informe del SUE, y añade que los retos a los que se enfrentarán las universidades del futuro con las nuevas tecnologías están ofrecer posgrados basados en la generación de conocimiento, que contribuyan a la solución de problemas fundamentales de la sociedad colombiana. 

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Tomado de El Espectador 03/03/2013. En línea: 'En otro siglo' por falta de fondos.